Hay documentos oficiales que, después de algunos días de titulares, terminan archivados. El Libro de la Verdad, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella después del empalme, no debería correr esa suerte.
El empalme identificó 126 casos y priorizó 59, sometidos a revisiones documentales, tecnológicas, presupuestales, operativas e interinstitucionales. El Libro advierte que un hallazgo no equivale a una condena y que no pretende sustituir a la justicia. Esa precisión es necesaria: una irregularidad administrativa, un detrimento patrimonial y un delito no son lo mismo.
El verdadero éxito del documento no se medirá por sus páginas ni por los titulares que produzca, sino por lo que ocurra después: investigaciones, decisiones judiciales, sanciones cuando correspondan y recuperación de recursos.
El Libro de la Verdad no es el final de una investigación. Es el comienzo de una prueba mucho más difícil.
El misterio de los 59 casos
Los 59 casos priorizados permiten ver algo más que episodios individuales. El Libro identifica nueve comportamientos institucionales que favorecieron la corrupción: debilitamiento técnico, problemas tecnológicos, opacidad, parálisis de la gestión, distorsión contractual, riesgo litigioso, pérdida de capacidad territorial, fragmentación estatal y restricciones fiscales.
La pregunta inevitable es:
¿Cómo fue posible que todo eso ocurriera?
El problema no está únicamente en encontrar al funcionario que firmó. Si se corrige un contrato, pero no el sistema que lo permitió, se habrá castigado un episodio sin solucionar la causa.
Y las cifras ayudan a dimensionar el problema. El Gobierno recibió una situación fiscal crítica, con un déficit fiscal cercano al 7,8 % del PIB y una deuda pública alrededor del 61 % del PIB, según el diagnóstico presentado.
A esto se suma una expansión extraordinaria de la contratación. El Libro señala cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios, cuyo costo y acumulación generaron un pasivo que supera los 5 billones de pesos. Son cifras que exigen explicación, no solamente debate político.
Cuando las cifras dejan de ser cifras
Uno de los casos más sensibles está en la reforma agraria.
Según el Libro, la Agencia Nacional de Tierras desembolsó cerca de un billón de pesos para adquirir 537 predios, pero solamente tres habían sido debidamente titularizados. El Equipo Élite presentó denuncia penal, promovió la acción fiscal y preparó la queja disciplinaria.
La pregunta es elemental: ¿qué recibió realmente el Estado después de desembolsar ese dinero?
Otro caso es el del Escudo Nacional Antidrones, proyectado por más de 6,3 billones de pesos, mientras un contrato de Codaltec por unos 60.300 millones presentó, según el informe, discrepancias en costos y fallas técnicas.
En Air-e, el Gobierno reportó pérdidas por 2,5 billones de pesos. En Comercio, Industria y Turismo quedaron 11.245 contratos por 5,81 billones de pesos pendientes de liquidación. Y en el sector Justicia, el informe señala que 41,4 % de los reclusos duerme en el piso, mientras obras carcelarias suspendidas dejaron un presunto detrimento superior a 82.700 millones de pesos.
Son cifras demasiado grandes para quedar convertidas en simples observaciones administrativas.
José Guillermo Mejía Jaramillo, es MBA, contador público y cuenta con especializaciones en Seguridad Social, Ética y Pedagogía de los Valores, y Control Interno de Instituciones Financieras. Tiene formación directiva en INALDE Business School. Ha sido profesor universitario, miembro de juntas directivas y ejecutivo en diversos sectores.
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