El impacto del sismo en la propiedad horizontal de Pereira expuso un vacío estructural en la gestión pública del riesgo: el sistema municipal está diseñado para la atención de viviendas unifamiliares informales o infraestructura pública, dejando a los edificios y conjuntos residenciales en un limbo jurídico, técnico y financiero.
A continuación, se presenta la relación de fallas exhibidas por la administración municipal
1)Ausencia de un protocolo de respuesta especializado para propiedad horizontal: La DIGER operó bajo esquemas genéricos de emergencia sin considerar las particularidades operativas de los edificios (evaluación de áreas comunes, ascensores, fachadas, redes de gas centralizadas y sistemas estructurales de gran escala). Esto paralizó la toma de decisiones en las administraciones de los conjuntos.
2) Emisión defectuosa de fichas técnicas y actos administrativos: La entrega de planillas de caracterización firmadas únicamente por ingenieros evaluadores de campo sin la firma o acto administrativo formal del director de la DIGER, dejó a los edificios sin una declaración oficial de riesgo. Sin este aval, los administradores no pudieron ordenar evacuaciones definitivas con amparo legal ni tramitar recursos públicos.
3) Exclusión del censo para subsidios de arrendamiento temporal: La administración priorizó la asignación de ayudas económicas a los sectores autoconstruidos de estratos 1 y 2. Las familias de P.H. (estratos 3 al 6) que debieron abandonar sus apartamentos quedaron desprotegidas, teniendo que asumir al mismo tiempo el pago de cánones de arrendamiento en otros lugares y la cuota hipotecaria del inmueble inhabitado.
Las entidades encargadas de girar subsidios de arrendamiento temporal, ayudas humanitarias o recursos de reconstrucción estatal exigen que los censos e inspecciones estén validados y radicados formalmente por la autoridad municipal competente. Si solo cuenta con la firma del evaluador externo o contratista, la solicitud de ayuda puede ser frenada o devuelta por trámite incompleto.
4) Falta de articulación con la Superintendencia de Financiera y Aseguradoras: El municipio no estableció un canal único ni una mesa de negociación para agilizar los peritajes de las pólizas de áreas comunes (obligatorias por Ley 675) y privadas. La lentitud en el trámite de seguros extendió la parálisis de las obras de reforzamiento o reparación en la mayoría de copropiedades.
5) Desatención de la Pobreza Oculta en la clase media: La Alcaldía partió del supuesto de que vivir en propiedad horizontal equivale a solvencia económica inmediata. Esta premisa ignoró que cientos de familias no contaban con liquidez para pagar cuotas extraordinarias de ingeniería o mudanzas de emergencia, generando crisis financieras severas en las copropiedades.
6) Pereira con el sismo registrado se inundó de datos con gran pobreza de información, situación que conllevo a las siguientes derivaciones:
- Parálisis por análisis e incertidumbre: La abundancia de datos dispersos (planillas físicas, hojas de cálculo sueltas, mensajes de texto) no genera claridad; al contrario, producen ruido. La toma de decisiones se ralentiza porque no hay un consolidado confiable para actuar con rapidez.
- Incongruencia y duplicidad de la información: Al no existir un sistema centralizado con reglas de validación, la misma variable (por ejemplo, el número de viviendas colapsadas o familias damnificadas) arroja cifras distintas según la dependencia o el funcionario que presente el reporte, minando la credibilidad pública.
- Incapacidad de trazabilidad y seguimiento: Registrar un dato en el momento (como la inspección de un edificio) no sirve de nada si no se puede cruzar con otras variables: si esa misma estructura requiere evacuación, si sus habitantes recibieron subsidios o si la ficha técnica ya fue firmada por la autoridad competente.
- Ineficiencia en la asignación de recursos: Sin un sistema que categorice, priorice y filtre las necesidades según criterios objetivos (gravedad del daño, estrato, nivel de riesgo), los recursos públicos y la atención técnica terminan distribuyéndose de manera reactiva, desproporcionada o inequitativa.
- Pérdida de memoria institucional y vulnerabilidad legal: Las cifras en papel o archivos aislados se pierden con facilidad. Cuando surgen reclamaciones legales, derechos de petición o auditorías de entes de control, la administración no puede reconstruir la trazabilidad de sus decisiones por falta de un registro histórico centralizado.
Acumular datos sin tomar decisiones no es prevención; es simple contabilidad del desastre. Si la Alcaldía de Pereira y la DIGER no corrigen de inmediato los vacíos administrativos que mantienen paralizadas a las copropiedades, el impacto del sismo continuará extendiéndose mucho después de que cesen las réplicas. El reloj sigue corriendo para las familias afectadas, y la respuesta oficial no puede seguir siendo el silencio de un trámite incompleto.
El sismo no solo puso a prueba la resistencia física de las estructuras en Pereira; al descubierto quedó la fragilidad de una burocracia incapaz de responder con celeridad a la propiedad horizontal. Recuperar la confianza de la ciudadanía requerirá más que la remoción de escombros: exigirá a la administración municipal entender que la gestión del riesgo no concluye con la visita de un técnico en campo, sino con el respaldo institucional, jurídico y humano a cada familia que hoy sigue esperando una firma para rehacer su vida.
JHONIER CARDONA SALAZAR. Es un economista pereirano con doctorado en la Universidad de Suiza y larga trayectoria como profesor en la Universidad Libre de Pereira y la UTP Entre otras. Ha realizado estudios en econometría, microeconomía y finanzas internacionales. El Dr. Cardona Salazar es columnista de GQ Tu Canal.
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