El Diario del Otún ha publicado una fotografía del punto donde está proyectado el inicio de la de la segunda calzada entre “La Postrera” y las calles de Santa Rosa de Cabal, que registra la presencia de maquinaria de movimiento de tierra, pero el entusiasmo que generó la imagen fue limitado por un escepticismo generalizado, porque cuatro años después de anunciada, la doble calzada sigue siendo más un cronograma en ajuste que una obra en ejecución.
En Santa Rosa de Cabal, la promesa del mejoramiento del acceso urbano hace tiempo dejó de ser una noticia para convertirse en una frustración acumulada.
Lo que en 2022 fue presentado como una obra estratégica para la competitividad del municipio, hoy se percibe como un proyecto atrapado entre trámites, rediseños y fechas que se mueven sin explicación suficiente.
En mayo de 2022 se publicó el proceso en SECOP II y en agosto de ese mismo año la Gobernación de Risaralda adjudicó el contrato al Consorcio San Félix.
El anuncio fue impactante, cerca de 1,24 kilómetros de segunda calzada, con inversión superior a los 9.800 millones de pesos y una expectativa de cofinanciación para elevar la inversión; fue para los santarrosanos el inicio del sueño de una solución que descongestionaría el principal acceso al municipio.
En ese momento, la narrativa institucional hablaba de pronta ejecución. La comunidad entendió que el siguiente paso sería ver maquinaria, movimiento de tierras y transformación física del corredor. Pero el 2022 terminó sin obra visible.
Durante 2023 el discurso cambió, ya no se hablaba de inicio inmediato de construcción, sino de “ajustes de estudios y diseños” y de “avance en gestión predial”. Se informó que era necesario culminar avalúos, negociar con propietarios y consolidar permisos antes de iniciar intervención. En términos técnicos, es cierto: ningún proyecto vial puede ejecutarse sin liberar completamente el corredor, pero políticamente el mensaje fue negativo, la comunidad sintió que la obra fue adjudicada cuando aún no estaba lista para ejecutarse.
El año avanzó entre socializaciones y anuncios administrativos, pero sin un cronograma que estableciera fechas concretas de inicio y entrega.
Para 2024, la percepción ciudadana se endureció. La pregunta ya no era “¿cuándo empieza?”, sino “¿qué pasó?”. Se conoció que el proyecto seguía en etapa de gestión predial y de permisos ambientales, pero el avance físico seguía siendo inexistente.
En paralelo, el tráfico entre Dosquebradas y Santa Rosa continuó aumentando y el tramo de ingreso a esta ciudad siguió funcionando con la misma capacidad limitada. La vía que se prometió duplicar seguía siendo la misma.
El argumento institucional insistía en la complejidad predial. El ciudadano promedio veía, simplemente, que dos años después de la adjudicación no había doble calzada.
Al llegar a 2025, el proyecto acumulaba ya tres años, desde su contratación, sin inicio visible. En el debate público comenzaron a aparecer expresiones más duras: “obra congelada”, “promesa incumplida”, “ilusión sin fecha”. El problema ya no era solo técnico. Era de confianza.
Cada aplazamiento —2022 sin inicio, 2023 en rediseños, 2024 en gestión predial extendida— fue debilitando la credibilidad institucional.
La ciudadanía empezó a cuestionar si la estructuración del proyecto fue suficientemente sólida antes de adjudicarlo. ¿Se tenían realmente asegurados los predios? ¿Estaban completamente cerrados los estudios? ¿Se dimensionaron adecuadamente los riesgos?
La doble calzada de acceso a Santa Rosa no es una obra menor, es la puerta de entrada a un municipio turístico, productivo y estratégico del Eje Cafetero que impacta, además del flujo vial, la competitividad regional y la seguridad vial.
Cuando una obra es presentada con énfasis, con cifras y con contratista definido, la expectativa ciudadana se activa. Si los cronogramas cambian sin comunicación clara y periódica, el vacío lo llena la desconfianza.
Es probable que el mayor obstáculo haya sido la adquisición de predios. Avalúos que no coinciden con expectativas de propietarios, trámites notariales, posibles conflictos jurídicos, existencia de áreas invadidas, ajustes al trazado, permisos ambientales. Todo eso puede frenar un proyecto vial.
La ejecución contractual fue liderada por la Gobernación de Risaralda, pero el proyecto fue anunciado dentro del paquete de inversiones apoyadas por INVÍAS y el Gobierno Nacional, por ello las responsabilidades no pueden diluirse.
Entonces cabe preguntar a las entidades públicas involucradas en el proyecto: ¿Sigue siendo esta obra una prioridad estratégica? ¿Qué acciones de ajuste han tomado frente a los aplazamientos? ¿Existe un cronograma oficial actualizado, avalado por la Nación?
En proyectos públicos, el tiempo también es un costo. Cada año adicional implica ajustes presupuestales, riesgos de sobrecostos y desgaste político. ¿Están presupuestados los mayores costos que han dejado cuatro años sin iniciar la obras? o, ¿esos mayores costos harán que la obra quede inconclusa?
