El ingeniero Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, quien, como el bíblico santo Tomás, siempre quiere «poner el dedo en la llaga», publicó recientemente la columna «La Dulcera: una tragedia anunciada bajo gran progreso urbanístico». En ella advierte sobre el grave riesgo que representa el deterioro de la canalización subterránea de la quebrada La Dulcera, en el sector de Pinares de San Martín, en Pereira.
Con fundamento en estudios técnicos y en una sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda de 2020, sostiene que la estructura presenta un alto riesgo de colapso, agravado por el crecimiento urbanístico del sector y por la ausencia de una intervención integral por parte de las autoridades.
Advierte que un sismo o una temporada intensa de lluvias podrían desencadenar una tragedia de grandes proporciones, razón por la cual insiste en el cumplimiento de las órdenes judiciales y en la adopción de medidas que protejan la vida y el patrimonio de cientos de familias que habitan en el sector.
Una persona experta que conoce el interior de ese “box culvert”, confirma el preocupante estado de la infraestructura.
A ello se suma un estudio realizado en 2019 por la Universidad Tecnológica de Pereira, en desarrollo de un convenio con la CARDER, para el acotamiento de las rondas hídricas del municipio. Ese trabajo concluyó que el 59,90 % del cauce de la quebrada La Dulcera se encuentra intervenido y el 21,68 % de su ronda hídrica está urbanizada. En términos sencillos, ello significa que sobre la franja de protección de la quebrada existen construcciones que nunca debieron levantarse, aunque, probablemente, cuentan con licencias urbanísticas.
Sin embargo, conviene centrar la atención en un hecho mucho más preocupante: el estado de la canalización que hoy sostiene buena parte del desarrollo urbano del sector.
En 2020, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó la reconstrucción y rehabilitación urgente de esa infraestructura. La decisión respondió al riesgo de colapso y a la vulneración de derechos colectivos relacionados con la prevención de desastres y la seguridad de la población.
La intervención conocida se concentró en el sector de Pinares Médica. Aunque atendió uno de los puntos críticos, la mayor parte de la canalización continúa sin una rehabilitación integral. Surge entonces una pregunta de evidente interés público: ¿se cumplió realmente la sentencia en toda su dimensión o apenas de manera parcial?
Desde la Corporación VIGÍA Cívica consideramos indispensable que esta pregunta tenga una respuesta clara. No solo porque está en juego el cumplimiento de una decisión judicial, sino porque el riesgo que dio origen a esa sentencia sigue latente y sigue siendo motivo de preocupación.
La historia reciente de Pereira ofrece una lección que no deberíamos olvidar: En 1989, las entonces Empresas Públicas de Pereira identificaron que un tramo del Colector Egoyá presentaba un alto riesgo de colapso. En 1998 un documento de la Universidad Tecnológica de Pereira advirtió que ya se trataba de un riesgo sanitario y ambiental inminente. Después del terremoto de 1999, nuevas consultorías concluyeron que el deterioro venía acumulándose desde décadas atrás.
Sin embargo, solo en 2017, 28 años después de la primera advertencia y cuando las aguas residuales comenzaron a devolverse por los sifones de edificaciones del sector de Fiducentro, la administración municipal tomó la decisión de endeudarse para ejecutar una obra superior a los $21.000 millones de pesos, para reemplazar el tramo más comprometido del colector. Los demás tramos siguen sin intervenir y sin evaluaciones actualizadas conocidas.
La comunidad y VIGÍA Cívica esperamos respuestas del gobierno de la ciudad sobre La Dulcera, pues la historia de Egoyá demuestra que los riesgos ignorados no desaparecen, crecen hasta convertirse en emergencias.
Las ciudades no suelen lamentar haber invertido a tiempo en prevenir un desastre; lo que terminan lamentando es no haber actuado cuando las advertencias eran claras.
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