Con frecuencia las grandes amenazas ambientales avanzan en silencio, ocultas entre trámites administrativos, estudios técnicos y decisiones que parecen inofensivas y cuando la sociedad advierte su verdadero alcance el daño ya puede ser irreversible.
Eso estuvo a punto de ocurrir en 2024 cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) intentó adquirir, calladamente, varios predios ubicados dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados para destinarlos al reasentamiento de comunidades campesinas. La operación sólo salió a la luz cuando la entidad solicitó un concepto ambiental. Pese a que posteriormente la Agencia negó su intención mediante una campaña publicitaria para desvirtuar lo que calificó como «rumores», los documentos conocidos demostraban que las negociaciones existían.
La reacción oportuna de las autoridades ambientales y de los gobiernos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, de los medios de comunicación y de la sociedad civil logró detener la compra.
Ahora la historia parece repetirse. La ANT está interesada en adquirir un terreno de 82 hectáreas, en la vereda La María, sector Puente Albán, jurisdicción de Santa Rosa de Cabal, con el propósito de desarrollar allí proyectos campesinos derivados de la Reforma Rural Integral.
Ese predio se encuentra en una zona ambientalmente estratégica de la cuenca media del río Otún y aunque formalmente está por fuera del límite jurídico del Parque Nacional Natural Los Nevados, hace parte de su territorio ecológico. Su exclusión obedeció, únicamente, a la necesidad de no incorporar al parque el centro poblado de La Florida, pero no porque la región estuviera fuera del área ecológica del Parque.
Por ese territorio descienden afluentes que alimentan el río Otún, fuente de abastecimiento para Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Entonces, lo que allí ocurra no afectará únicamente a quienes habiten esas 82 hectáreas, sus efectos podrían proyectarse sobre la principal fuente de agua del 80% de los risaraldenses.
Por ello la advertencia que hacemos mediante esta columna no debe tomarse como una exageración o, un obstáculo al desarrollo rural responde a una pregunta elemental: ¿es razonable introducir nuevos asentamientos humanos y actividades agropecuarias en un territorio cuya función principal ha sido precisamente proteger el agua?
La ANT sostiene que no existen restricciones técnicas, jurídicas, ambientales o agronómicas que impidan la adquisición del predio. Sin embargo, esa afirmación merece una revisión cuidadosa.
Desde 1987, mediante el Acuerdo 036, la CARDER, autoridad ambiental de la zona, estableció un régimen especial para la protección de la cuenca alta y media del río Otún, limitando el uso del suelo y restringiendo actividades agrícolas y pecuarias en áreas estratégicas, además de prohibir nuevas concesiones de agua y autorizaciones para vertimientos. No fue una disposición menor, sino la promulgación de una política de conservación diseñada para proteger uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos del departamento.
La propia Corte Suprema de Justicia, al reconocer al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos, recordó que este ecosistema constituye uno de los principales reguladores del recurso hídrico para once municipios de cuatro departamentos. Esa consideración obliga a que cualquier intervención en su entorno sea analizada bajo el principio de máxima precaución y no bajo la lógica de que todo aquello que no esté expresamente prohibido puede hacerse.
La experiencia de 2024 dejó una enseñanza que no olvidamos: Si aquella movilización no hubiera existido, hoy probablemente estaríamos lamentando una decisión que comprometía uno de los ecosistemas más importantes del país, que la región ha venido cuidando desde 1940 cuando se estableció la Zona de Reforestación del Rio Otún, que fue la segunda del país.
Por eso hacemos un llamado a las comunidades y a los gobiernos de los tres municipios que se abastecen del Otún, a la gobernación de Risaralda, a la Procuraduría General de la Nación y a la CARDER, entidad a la que, desde diciembre de 2025, se le transmitió una inquietud sobre este asunto, para que eviten la adquisición de este predio.
Cuando el Otún está en riesgo, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en responsabilidad compartida.
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