No es excusable —ni debería ser normal— que pacíficos padres de familia tengan que llegar al extremo de bloquear una vía intermunicipal para exigir un derecho básico: un colegio para sus hijos.
Eso es exactamente lo que ocurre con el llamado “Megacolegio Veracruz”, un proyecto de infraestructura educativa concebido para reemplazar las antiguas instalaciones del Instituto Agropecuario Veracruz, donde se enseñaban ciencias agrícolas, buscando tecnificar el campo y mantenerlo habitado; ubicado en la vereda “La Hermosa” de Santa Rosa de Cabal. Sus instalaciones fueron demolidas como parte de uno de los fallidos contratos, de 2017, suscritos entre el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación Nacional y el consorcio portugués Mota-Engil.
Contrato que tenía como objeto la construcción de cerca de 240 instituciones educativas en todo el país. Sin embargo, de acuerdo con informes de prensa, apenas unas veinte obras fueron terminadas en el plazo. Ese incumplimiento condujo a la terminación anticipada del contrato. Un desenlace que confirma lo que suele ocurrir cuando, bajo razones “confidenciales”, el Estado contrata con firmas extranjeras lo que bien podrían ejecutar ingenieros colombianos, con mayor control y responsabilidad territorial.
Tras la terminación del contrato, notificada en diciembre de 2019, quedó en “La Hermosa” una infraestructura inconclusa, con presuntos defectos estructurales que podrían comprometer su estabilidad. A la fecha, nadie ha aclarado si esa estructura debe ser reforzada o demolida para levantar una nueva sede. Lo cierto es que, seis años después, cerca de 600 estudiantes del antiguo Instituto Agropecuario Veracruz siguen sin una edificación adecuada que los albergue.
En agosto de 2024, la Secretaría de Educación de Risaralda anunció la construcción de aulas modulares en un plazo de tres meses. En ese momento, la prensa local citó a la funcionaria señalando que “la instalación de estas aulas modulares es una solución temporal pero necesaria para garantizar que ningún estudiante se quede sin un espacio adecuado”.
Según el Ministerio de Educación las aulas modulares son estructuras provisionales, de rápida instalación y sistemas constructivos livianos, diseñadas para atender de manera inmediata la demanda educativa mientras se desarrollan proyectos de infraestructura definitiva.
Pero pasaron los últimos meses de 2024, transcurrieron los doce de 2025 y, apenas, en febrero de 2026, se informa que el FFIE y el Gobierno Nacional comenzaron a construir diez aulas provisionales. No existen fechas ciertas ni para su entrega ni, mucho menos, para la edificación definitiva, mientras persiste el riesgo de que lo “temporal” termine siendo permanente, como tantas veces ha ocurrido.
Desde la Corporación VIGÍA Cívica va nuestro llamado vehemente al FFIE y a la gobernación de Risaralda, para que resuelvan este problema sin mas dilaciones y respeten los derechos de padres y alumnos. En los tiempos que corren los jóvenes que deseen estudiar son un escaso tesoro que merece todo el apoyo de los gobiernos y la comunidad.
