En el Concejo Municipal de Pereira se realizó un debate de control político sobre el crecimiento de los asentamientos informales. Uno de los concejales reveló que la ciudad pasó de 48 invasiones en 2022 a 108 en 2026. La cifra, que no fue controvertida por el gobierno de la ciudad, debería haber provocado alarma institucional, pero los planteamientos de la administración parecieron orientados más a justificar el fenómeno que a explicar su fracaso para contenerlo.
El secretario de Gobierno municipal, Jorge Mario Trejos, atribuyó el problema a causas estructurales, presentes en todo el país: déficit de vivienda, pobreza y migración. Habló de la necesidad de ampliar la oferta de vivienda de interés social y de hacer un uso más eficiente del suelo.
El director de Control Físico, Juan Manuel Ocampo, sostuvo que el fenómeno está “parcialmente controlado”, aunque admitió que continúa creciendo, y añadió que otras ciudades enfrentan situaciones incluso peores, pero preegonar desgracias ajenas no resuelve las propias. Una vieja sentencia estoica viene al caso: quien tiene tejado de vidrio no debería lanzar piedras al vecino.
Resulta difícil entender cómo puede considerarse “controlado” un fenómeno que, de acuerdo con las cifras presentadas en el curso del debate, se duplicó en apenas cuatro años. Y, aunque es cierto que existen factores estructurales nacionales, en Pereira el problema se ha agravado durante décadas por la desidia institucional, la falta de decisiones oportunas para reubicar a las familias asentadas en zonas de alto riesgo y, sobre todo, por la debilidad del control urbano, lo que atrae invasores de otras ciudades y países.
Hace 22 años, la Corporación Vida y Futuro, responsable de la reconstrucción después del terremoto de 1999, que reubicó en tres años más de 2000 familias que habitaban en zonas de riesgo no mitigable; reiteradamente insistió, ante la administración municipal de la época, en la necesidad de acometer la reubicación de varios miles de familias que quedaron en zonas de riesgo incontrolable y que no podía atender por no ser dignificadas del terremoto.
Ya en 2019, desde VIGÍA Cívica, advertíamos, sin ser escuchados, sobre el enorme costo de aplazar soluciones que son obligatorias, entre ellas reubicar habitantes y recuperar terrenos ocupados ilegalmente. Es una constante que cuando los gobiernos postergan decisiones por falta de voluntad política, o porque prefieren invertir en proyectos más rentables electoralmente, como fiestas públicas; los problemas terminan creciendo hasta hacerse más peligrosos, más complejos y costosos.
Esto es lo que ha ocurrido con numerosas invasiones asentadas en zonas de riesgo, convertidas casi en parte del paisaje histórico de Pereira por la incuria sucesiva de sus administraciones. Una de las más antiguas, la de Caracol-La Curva, comenzó a consolidarse desde la década de 1970 y aún hoy sigue siendo símbolo del riesgo nunca atendido.
Una pregunta, que desde VIGÍA Cívica hicimos públicamente al gobierno municipal, hace seis años, sigue siendo la valida: ¿por qué esperar a que ocurra un desastre, o a que una orden judicial obligue a actuar, cuando el costo humano y económico de la inacción es cada vez mayor?
En 2019, la Dirección de Gestión del Riesgo informó que Pereira tenía cerca de 17 mil viviendas ubicadas en zonas de riesgo, de las cuales 7 mil estaban en riesgo no mitigable. Seis años después la cifra pública no se ha actualizado, pero hay una certeza visible: los asentamientos continúan creciendo mientras la reubicación prácticamente no avanza.
El anterior gobierno de Pereira prometió en su Plan de Desarrollo la construcción de 300 viviendas para reubicación. Poco o nada se sabe de ellas. El actual gobierno incluyó 2.800 viviendas VIS, pero sujetas a la financiación nacional, los fondos nunca aparecieron. Entretanto, las ocupaciones ilegales siguen expandiéndose ante la mirada resignada de las autoridades.
Lo más preocupante es que durante el debate no se habló de prevención ni de herramientas modernas de control territorial, no se les dijo a los concejales que en Medellín y varios municipios del Valle del Aburrá, desde 2021, se utilizan drones especializados, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica para detectar construcciones ilegales y ocupaciones informales en tiempo real, indispensable para impedir las ocupaciones de hecho dentro de las primeras 48 horas prescritas por el Código de Policía. En 2025, la Alcaldía de Medellín informó que el sistema operaba con éxito en 65 puntos críticos de esa ciudad.
No nos referimos a una solución de ciencia ficción ni de tecnología inaccesible, hablamos de herramientas de uso relativamente común, que en Pereira no son extrañas, el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) ya trabaja con cartografía digital avanzada y actualización geoespacial, agregar comparación automática de fotografías es fácil. Entonces lo que falta no es tecnología, sino decisión política.
En la ciudad el problema no es solamente el crecimiento de las invasiones. El verdadero problema es que Pereira parece haberse acostumbrado a convivir con ellas, incluso cuando avanzan sobre laderas inestables y zonas donde el riesgo de tragedia es perfectamente conocido. Entonces, cuando una sociedad se acostumbra al riesgo, lo que termina normalizando es la catástrofe sobreviniente.
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