Para escribir su obra Pereira: La Historia se vuelve a escribir, reeditada por la Corporación Pereira Cívica, el historiador Víctor Zuluaga Gómez, debió ir a los archivos de Popayán, en el Cauca, y de Sevilla, en España, porque los documentos de los archivos de Cartago fueron vendidos para reciclaje, en el siglo XX, por un alcalde que no encontró razón para conservar aquellos “papeles viejos”, muchos de ellos escritos en un lenguaje que no se entendía: el castellano antiguo.
De las comunidades que poblaron nuestro territorio en la prehistoria apenas nos quedan los vestigios de la explotación del Salado de Consotá, con una antigüedad estimada de 10.000 años, que forma parte de una de las historias de ocupación humana más antiguas del territorio colombiano.
Ahora cuando Pereira cumple 163 años de su refundación, su Archivo Municipal vuelve a estar en riesgo. Esta vez no por la ignorancia de un funcionario, sino por las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Las tres edificaciones donde se conserva el archivo sufrieron daños y algunos documentos quedaron expuestos a condiciones que pueden deteriorarlos de manera irreversible.
Como lo señala el profesor Sebastián Martínez Botero en la carta que dirigió a la directora general del Archivo General de la Nación, dando cuenta del estado del archivo local después del terremoto, este acervo incluye “libros manuscritos y empastados, expedientes, planos, mapas, fotografías, microfilmes y registros audiovisuales” que documentan la formación territorial de Pereira, el desarrollo de sus instituciones y servicios públicos, la urbanización, la vivienda y la salud. Su valor, advierte, trasciende el ámbito municipal y resulta indispensable para comprender la conformación del antiguo Caldas, las transformaciones del Eje Cafetero, los procesos de poblamiento y migración de la región.
A este conjunto debemos agregar las escrituras públicas y demás documentos notariales protocolizados en la Notaría Primera de Pereira desde hace 150 años y con más de 30 años de antigüedad y eventualmente de otras notarias, pues el Archivo General de la Nación suscribió un convenio con el Municipio de Pereira para que este conservara los documentos que le enviaran las notarías locales.
Entre esas escrituras pueden encontrarse las transacciones —en varios casos donaciones— de los terrenos donde se construyeron el Hospital San Jorge, el Aeropuerto Matecaña y la Villa Olímpica, la antigua galería y, prácticamente, las historias jurídicas de muchos de los terrenos sobre los cuales se levantó la Pereira que conocemos.
Por eso no basta con lamentar el daño. La Constitución y la Ley General de Archivos imponen al Estado la obligación de proteger, organizar y conservar el patrimonio documental. No es una decisión discrecional del alcalde de turno, es un deber legal.
Hoy el Archivo de Pereira está almacenado en tres ubicaciones: una parte en la Institución Educativa José Antonio Galán y otra en el Centro Cultural Lucy Tejada, donde se encuentran los documentos notariales. Allí, según la información disponible, los documentos se desordenaron al caer de los anaqueles, pero no parece que hayan sufrido daños mayores. La tercera parte está en los sótanos del Palacio Municipal y es allí donde se concentra el mayor riesgo, pues los documentos pudieron haber estado expuestos a humedad y agua como consecuencia de las lluvias posteriores al terremoto.
Lo que corresponde ahora es actuar con urgencia, contratar personal especializado para evaluar, ordenar y recuperar los documentos que hayan podido resultar afectados y, sobre todo, trasladarlos rápidamente a lugares seguros, con condiciones adecuadas para su conservación.
Pereira no puede darse el lujo de perder nuevamente su memoria. Ya una vez tuvo que acudir a Popayán y a Sevilla para reconstruir una parte de su historia porque quienes tenían la obligación de conservarla decidieron que aquellos documentos no servían. Sería inadmisible que, 163 años después de su refundación, la ciudad volviera a perder documentos irremplazables por falta de previsión, de cuidado o de decisión.
El patrimonio documental de Pereira pertenece a la ciudad y, en buena parte, forma parte del patrimonio documental de la Nación. Conservarlo intacto no es un acto de nostalgia: es una obligación legal y un deber con las generaciones que vendrán.
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