De acuerdo con lo publicado por el Servicio Geológico Colombiano —SGC—, el terremoto del 25 de enero de 1999 tuvo una magnitud de 6,1 Mw (magnitud de momento), causó 1.185 muertos, 8.536 heridos y dejó 35.972 viviendas destruidas o inhabitables en el Eje Cafetero, según los balances consolidados de esa época.
El terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 alcanzó una magnitud de 7,4 Mw. Esos 1,3 puntos de diferencia con la magnitud con el de 1999 significan que la energía sísmica liberada el 10 de agosto fue, aproximadamente, 89 veces mayor. Por fortuna, el evento reciente ocurrió a 103 kilómetros de profundidad, mientras que el de 1999 tuvo una profundidad de sólo 21,6 kilómetros. Según han explicado los expertos, esa mayor profundidad contribuyó significativamente a disminuir la violencia con la que las ondas sísmicas llegaron a la superficie.
Esta comparación busca advertir a la comunidad y a las autoridades sobre la dimensión del desafío que tendremos que enfrentar en el futuro inmediato: la reconstrucción de nuestra región.
En este punto es necesario señalar que la región y el país han avanzado mucho en prevención y atención después del terremoto de 1999. El Código de Construcciones Sismo resistentes que adoptó Colombia contribuyó a que ahora construcciones e infraestructuras levantadas conforme a sus parámetros hubieran soportado el terremoto sin mayores daños, ejemplo evidente es el larguísimo puente helicoidal de la vía a Santa Rosa.
En cuanto atención debemos anotar que el Cuerpo de Bomberos de Pereira aloja ahora el equipo USAR COL-22, acreditado para la búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, lo que en este caso permitió rescatar personas desde el primer momento.
Sin embargo, las imágenes de la destrucción que han circulado profusamente en las redes sociales, particularmente de Pereira y Dosquebradas, muestran daños de una magnitud catastrófica que no podemos ignorar. Será necesario esperar a que se consoliden los balances para conocer las verdaderas dimensiones de la tragedia, pero todo indica que estamos ante una emergencia de enormes proporciones.
En medio de esta tragedia, hay acciones para destacar. Frente a la emergencia ha vuelto a aflorar el espíritu solidario de los pereiranos. El canto del Himno de Pereira que rescatistas, profesionales y voluntarios improvisados, entonaron en la Plaza de Bolívar la noche del martes fue una emotiva expresión del sentimiento que llevó a tantas personas a trabajar con urgencia para salvar la vida de sus conciudadanos atrapados entre los escombros.
Agreguemos los jóvenes que, por iniciativa propia, salieron a comprar palas para ir a excavar entre las ruinas en busca de sobrevivientes o espontáneamente a dirigir el tráfico; la persona que, también por iniciativa propia, consiguió un vehículo dotado de brazo hidráulico articulado para rescatar a quienes permanecían atrapados en los pisos altos del edificio Invico, cuya estructura parece en riesgo de colapsar.
Sumemos a los ingenieros que, sin esperar retribución, han hecho inspecciones técnicas en edificaciones con signos de alarma; a las personas que han ido por la ciudad distribuyendo sándwiches y agua a quienes parecen necesitarlo; a quienes han puesto sus vehículos particulares al servicio de vecinos que necesitan mudarse de edificaciones declaradas inhabitables. Y las colas de pereiranos que, bajo un sol, inusualmente ardiente, esperaron frente al Hospital San Jorge para donar su sangre.
Estas y muchas similares, son expresiones conmovedoras de una comunidad que, en medio de la adversidad, vuelve a demostrar su capacidad de solidaridad, compromiso y respuesta para ayudar a conciudadanos, muchas veces anónimos.
Pero volvamos a la reconstrucción que, como comunidad, tendremos que acometer desde ahora.
Pereira y Risaralda tienen una experiencia extraordinariamente valiosa que no podemos desperdiciar. Después del terremoto de 1999, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero —FOREC— asumió la tarea de coordinar la reconstrucción de la región, mientras en Risaralda esa labor fue desarrollada por la Fundación Vida y Futuro como gerencia zonal.
Fue una gestión en la que, durante varios años, se administraron sumas multimillonarias provenientes de donaciones internacionales y de aportes del Gobierno Nacional. Y concluyó sin una sola glosa de las entidades de control colombianas ni de los organismos internacionales y de donantes que aportaron los recursos.
Con esa fórmula que fue simple, aunque no fácil, se logró que la reconstrucción fuera orientada por instituciones de la sociedad civil organizada, alejadas de las influencias políticas y de las administraciones territoriales, cuya duración está limitada constitucionalmente a períodos de cuatro años. Esa experiencia demostró que, en circunstancias extraordinarias, la sociedad civil puede asumir responsabilidades extraordinarias con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo, blindando su gestión de la mala influencia de la política partidista.
En la coyuntura catastrófica actual sería insensato comenzar de cero cuando ya hubo una fórmula que funcionó. No sería sensato entregar una tarea de semejante magnitud exclusivamente a administraciones cuya responsabilidad institucional está sometida a los ciclos políticos de cuatro años. Y sería aún menos sensato desperdiciar el conocimiento, la experiencia y la confianza que la sociedad civil organizada construyó durante la reconstrucción de 1999.
No se trata, necesariamente, de repetir exactamente lo que se hizo hace 27 años, porque los parámetros de gestión han cambiado y, precisamente por la tragedia de 1999, el país avanzó en la forma de atender los desastres bajo las indicaciones de Planeación Nacional. Se trata de recuperar el espíritu, la independencia, y la capacidad de convocar a los sectores sociales y empresariales desde la gestión de la Sociedad Civil y, sobre todo, de lograr un compromiso con una reconstrucción transparente, técnica y pensada para varias décadas.
