En Pereira no hemos medido las consecuencias de enfrentar el conflicto surgido de la tala de samanes y la parálisis de las obras de construcción de la intersección vial Galicia en Cerritos.
Hay cosas a tener en cuenta: en la última reunión de junta directiva de Vías del Samán la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo: “Si en Pereira tienen problemas, a mí me sirve esa plata, yo la invierto rapidito”.
Por su parte, en Findeter e Invías hay malestar por los traumas del programa Vías del Samán. Le están cogiendo pereza a Pereira porque pierden agilidad en la ejecución, que es un punto crítico en el gobierno Petro.
Hay quienes acusan fundamentalismos innecesarios en la tala de árboles que, siendo obligatoria la compensación, además se han conciliado acuerdos con el colectivo Salvemos los samanes. Carder es la autoridad ambiental garante de la siembra compensada. El vecindario de Galicia advierte que se desconoce la cifra fatal de accidentes que dejan un saldo grande de personas muertas, lisiadas y lesionadas.
El punto crítico del conflicto es que, en ese contexto, era innecesaria la demanda de Acción Popular, figura jurídica que no admite desistimiento y debe seguir el trámite del escrutinio del magistrado del Tribunal Contencioso.
Ahora, según el experto arborista Carlos Llanos, el traslado de 20 samanes pendientes de tala, oscilaría entre 80 y 300 millones de pesos cada uno. En promedio de $150 millones cada uno, costaría unos 3 mil millones.
Primera consecuencia: Se alarga la entrega de la obra porque el magistrado decretó la medida cautelar de suspender temporalmente las obras de la intersección Galicia. Es la segunda suspensión, pues Carder lo hizo en Semana Santa por dos meses como medida de protección a la flora, fauna, recursos suelo e hídrico. El contratista superó esas medidas.
Segunda: el futuro de la obra está en riesgo porque las acusaciones del Tribunal son contra la Carder, que para salvar responsabilidad debe argumentar con documentación, pruebas y soportes, que el trámite de las obligaciones ambientales se cumplió a cabalidad.
Es claro, mientras el magistrado no estudie y entienda los soportes mencionados, no podrá declarar improcedente la Acción Popular y los efectos que persigue.
La tercera: si la decisión del Tribunal se alarga, póngale la firma que el contratista demandará lucro cesante y daño emergente porque tiene en riesgo su inversión y parados los ingenieros, trabajadores y maquinaria.
Al respecto tenemos una amarga experiencia: hace 28 años (1996) la italiana Impregilo se ganó una demanda por $6 mil millones cuando el director de Carder suspendió el proyecto La Romelia-El Pollo. Ganó más dinero del que esperaba.
