Plantear una nueva reforma tributaria en Colombia que busque gravar fusiones empresariales, herencias, tierras improductivas y capitales que salen del país, sin antes acometer una reestructuración seria del gasto público, resulta no solo inviable políticamente, sino contraproducente en términos económicos.
Aunque el objetivo de aumentar el recaudo para fortalecer la inversión social es legítimo, hacerlo por medio de más cargas impositivas en sectores clave de la economía puede generar efectos regresivos y un clima adverso para la inversión.
En primer lugar, gravar las fusiones empresariales desincentiva la consolidación de empresas, muchas veces necesarias para mejorar competitividad, lograr economías de escala o sobrevivir en entornos de alta incertidumbre.
Un sistema tributario que castiga la eficiencia empresarial termina afectando el crecimiento, la generación de empleo y la formalización.
En cuanto a las herencias, si bien puede parecer justo que grandes patrimonios contribuyan más, la realidad fiscal colombiana revela que ya existen impuestos a las transferencias patrimoniales, aunque su recaudo es marginal por problemas estructurales como la evasión, la informalidad notarial y la fragmentación del registro de bienes.
Insistir en este tipo de gravámenes sin resolver primero esos vacíos institucionales solo amplía la brecha entre el diseño legal y la realidad recaudatoria.
Respecto a las tierras improductivas, el problema no es solo tributario sino de política agraria. Colombia carece de un catastro multipropósito actualizado y de herramientas efectivas para diferenciar entre improductividad por abandono, por especulación o por razones técnicas.
Un impuesto mal diseñado puede afectar pequeños propietarios o generar incentivos perversos como ventas forzadas o usos artificiales de suelo sin sostenibilidad.
Finalmente, los capitales en fuga no se controlan con más impuestos, sino con confianza, reglas claras, seguridad jurídica y un entorno estable para la inversión.
Intentar imponer tributos o restricciones a la salida de capitales solo empuja a los inversionistas a buscar mecanismos informales o trasladar su actividad a otras jurisdicciones.
La historia económica de la región demuestra que los controles no sustituyen la confianza.
En lugar de insistir en nuevos impuestos, el gobierno colombiano debe enfocarse en una revisión profunda del gasto público.
Existen múltiples oportunidades de eficiencia fiscal: racionalización del tamaño del Estado, lucha efectiva contra la corrupción, eliminación de gastos innecesarios, focalización del gasto social, y mejores prácticas de contratación.
Solo con un manejo responsable y transparente del presupuesto se podrá ganar legitimidad para plantear futuras reformas tributarias.
Víctor Baza Tafur es gerente general de Camacol Risaralda y miembro de la mesa directiva del Comité Intergremial de Risaralda. Abogado especializado en Derecho Urbano. Columnista de GQ Tu Canal
