Como ciudadano comprometido con los derechos humanos, la democracia y la justicia social en Colombia, expreso mi profunda preocupación ante la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira el 26 de septiembre de 2025, que condena a dos exestudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) a 14 años y medio de prisión por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2019, durante las protestas sociales. Este fallo, detallado en el PDF adjunto, pone en evidencia serias irregularidades que comprometen la imparcialidad judicial y el derecho a la protesta, reflejando un patrón sistemático de judicialización selectiva contra jóvenes.
El fallo presenta notables deficiencias en su redacción y argumentación, además de un claro sesgo político. En su texto, el juez califica los eventos de 2019 como “lamentables y tristes sucesos” por “manipulaciones políticas” que generaron un “mal llamado estallido social”. Estas afirmaciones no solo deslegitiman el derecho fundamental a la protesta, pilar esencial de cualquier democracia, sino que introducen valoraciones ideológicas que contravienen la neutralidad esperada de la justicia.
El propio juez generaliza al conjunto de las ciudadanías que protestan, distinguiéndolos de las “personas de bien” en un hecho de gravísima estigmatización política y social que introduce una narrativa que separa a la población en dos grupos: los «dignos» de protección y los «indignos» por pensar diferente. Este peligroso proceder desconoce el derecho constitucional a la protesta y abre la puerta a persecuciones selectivas.
A esto se suma la admisión explícita del juez sobre las falencias de la Fiscalía en la recolección y análisis del material probatorio. A pesar de reconocer estas irregularidades, la sentencia impone una pena desproporcionada, basándose en pruebas cuestionables. Un elemento central de la condena es el testimonio de un individuo, señalado previamente por hurto, quien, tras ser brutalmente golpeado y en un estado de extrema vulnerabilidad, afirmó haber recibido el impacto de un artefacto explosivo en el rostro y señaló a uno de los acusados como responsable de lanzar objetos incendiarios contra la vivienda de un coronel.
La fragilidad de este testimonio, dado bajo condiciones de coacción física y psicológica, no fue debidamente analizada, lo que pone en duda la validez de la condena. Esto parece seguir el patrón de ‘pruebas débiles’ en casos de 2019, donde la Corte ha anulado fallos por no escudriñar testimonios post-represión.
El juez reconoce las secuelas físicas de la víctima (como una cicatriz en el ojo) y su incapacidad inicial para reconocer al agresor, pero ignora estas vulnerabilidades para basar la condena en su declaración.
Esta sentencia no es un caso aislado, sino un síntoma alarmante del uso político de la justicia penal en Colombia. Al criminalizar la participación en protestas y sustentarse en evidencias débiles, este fallo desconoce el contexto social de las movilizaciones de 2019 y establece un precedente peligroso contra las garantías judiciales, el derecho a la disidencia y la libertad de expresión. En un Estado social de derecho, la justicia debe proteger a los ciudadanos, no ser un instrumento para silenciar voces críticas. Aunque el juez admite que el caso está ‘plagado de falencias’ como la falta de uso de herramientas como reconocimiento facial en videos, ignora estas deficiencias para imponer la condena.
Advertimos que esta polarización judicial puede convertirse en un mecanismo para perseguir y castigar a estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y cualquier persona que ejerza su derecho a la protesta o exprese opiniones disidentes. La historia de Colombia nos enseña que la intolerancia ideológica, cuando se infiltra en el sistema judicial, deriva en persecuciones políticas y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Como sociedad, no podemos permitir que esta deriva autoritaria nos devuelva a los años oscuros de la intolerancia y la guerra. Es imperativo exigir una revisión exhaustiva de este caso y reformas que garanticen la independencia judicial y el respeto al debido proceso. Risaralda, con su juventud valiosa, su respeto por la diferencia y su potencial progresista, puede marcar la diferencia frente a ese pasado, mostrando un camino de tolerancia y esperanza.
Hago un llamado a la ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, academia y medios independientes para que se unan en la denuncia de esta injusticia y en la defensa de un sistema judicial imparcial y equitativo. La sentencia adjunta debe ser un punto de partida para el escrutinio público y el debate sobre el rol de la justicia en nuestra democracia. Solo a través de la vigilancia ciudadana y la presión colectiva construiremos una Colombia más justa y democrática.
…….
Eduardo Patiño Horta es un historiador pereirano, excandidato a la Gobernación de Risaralda y militante de la izquierda democrática.
Columnista de GQ Tu Canal.
