El gobierno del presidente Gustavo Petro, que se autodenominó “del cambio” y “del pueblo”, ha generado controversia por el manejo del programa Mi Casa Ya, uno de los pilares de acceso a vivienda digna para los sectores más vulnerables del país.
Aunque el programa no fue formalmente eliminado, pero sí modificado, su ejecución ha sido objeto de múltiples obstáculos, demoras y restricciones que, en la práctica, han limitado su impacto.
La visión del actual gobierno parece haber distorsionado el propósito esencial de Mi Casa Ya, al no comprender que los subsidios no eran un beneficio para los constructores, sino un instrumento directo para mejorar la calidad de vida de miles de familias.
El subsidio llegaba al hogar colombiano, permitiéndole adquirir vivienda nueva en condiciones favorables, y al mismo tiempo dinamizaba el sector de la construcción, generando empleo y desarrollo económico local.
Hoy, en medio de la incertidumbre presupuestal, los cambios normativos y una retórica anti empresarial, la vivienda social está paralizada, y los subsidios son escasos o inexistentes.
Esto contradice el discurso de inclusión y equidad que promovió Petro en campaña, y deja a miles de hogares sin acceso a techo propio, especialmente en regiones donde esta era la única alternativa viable.
En el nombre de el “cambio”, el gobierno ha desfinanciado y desestructurado uno de los programas sociales más exitosos del país, sin presentar una alternativa clara, viable y sostenible. ¿Dónde queda el pueblo cuando se le cierra el camino hacia una vivienda digna?
Víctor Baza Tafur es gerente general de Camacol Risaralda y miembro de la mesa directiva del Comité Intergremial de Risaralda. Abogado especializado en Derecho Urbano. Columnista de GQ Tu Canal
