COLOMBIA POTENCIA DE MÁRTIRES.

En medio del dolor nacional, de la rabia por los muertos causados por: los violentos protegidos, por los suicidios que no lo parecen, por los soldados y policías que las estadísticas de este gobierno no cuentan como homicidios, por el magnicidio contra Miguel, compartimos los llamados a la prudencia, que no a la pasividad y resignación, por eso pedimos explicaciones a un gobierno que es el guardián de: nuestra vida, nuestra honra y nuestros bienes.

​No puedo afirmar que silenciar a Miguel Uribe, elocuente y valeroso contradictor de un gobierno que acumula víctimas vinculadas a eventos cercanos, fuera un crimen de estado, eso hay que probarlo, pero hay coincidencias que llaman la atención: la de borrar a quienes no le aprueben sus proyectos, las veinte solicitudes negadas por la Unidad de Protección, misma que pone a los ratones a cuidar el queso, que el homicida fuera un miembro de la primera línea, la de Gustavo Bolívar y partícipe del programa de pagos por no matar a pesar de no contar con la edad para merecer, la coincidente reducción de la seguridad ese día a Miguel, la presencia, desde el día anterior y también desde cuatro horas antes del insuceso, del equipo que manejó el atentado, la desaparición del celular y la falta de una ruta de escape para el asesino, quizás para que fuera dado de baja y borrar las evidencias.

Conocido periodista le preguntó a Petro la razón por la cual ya no logra que personas sin prontuarios le acepten cargos, y por el contrario se rodee, cada vez más, de quienes no son siquiera aceptados por sus colegas; como en el brindis del bohemio, solo faltaba un brindis, el de Montealegre, nominación, a pesar de su declarada censura al presidente, provocó la renuncia de toda la Comisión de Política Criminal, como antes lo hubieran hecho, por las mismas razones: la vicepresidente, doña Francia Márquez y varios ministros y altos dignatarios.

​El nombrar a Montealegre como encargado de la justicia, es una carambola a tres bandas; de un lado le da enorme poder a quien se ha declarado enemigo y víctima del presidente Uribe y de otro lado premia a quien ha elaborado una intrincada teoría para hacer parecer legal, lo que es una leguleyada.

​Montealegre argumenta que los funcionarios públicos, gracias a un difuso control a las normas establecidas, les es dable violentar la constitución y así borrar una decisión del Senado de la República, al mismo tiempo declara que denunciará por prevaricato a cualquier otro funcionario que esgrima el mismo argumento al cuestionar el decreto que agrede en materia grave: a la Carta Magna, al legislativo y de paso manosea a la Corte; (¿recuerdan como se cambió el resultado de una consulta popular?), y como si tal tesis fuera poca cosa, se inventó la estrategia para lograr no sea el Consejo de Estado quien revise la legalidad de un decreto sino que dispone trasladar, arbitrariamente, la revisión de la multimillonaria consulta, sobre temas que se resolverían sin sudor ni lágrimas, cuando, como dijo Jesús en la cruz, todo esté consumado.

​Montealegre dilapidó sin piedad ni misericordia: la creación de embajadas paralelas en la capitales buenas para turistear, aquellas donde puede llegar el lujoso avión que adquirió y no puede aterrizar en la mayoría de las ciudades colombianas, o la de una universidad que costó miles de millones y terminó como mueble viejo sin un solo alumno graduado, además le pagó miles de millones de pesos a una bella periodista, con quien se pavoneaba en público, por un mecanismo para detectar el pre crimen, copy paste del argumento de una película de ficción.

Pero allí no termina la historia, un concejal de Bogotá, ha mostrado pruebas de los más de 1,700 millones de pesos que este gobierno le ha pagado a Montealegre, para que persiga a enemigos del gobierno.

Miguel ha unido al pueblo colombiano, él es un mártir de la democracia, de la Colombia sin armas, sin violencia, sin agresiones, sin ladrones, sus palabras no se nos olvidarán a la hora de juzgar a este gobierno.