En la última semana hemos sido testigos de un desenlace previsible, en el sonado caso de la obra Avenida Los Colibríes – etapa 1 en Pereira: la libertad por vencimiento de términos de los señalados. Un proceso que desde su arranque ha estado envuelto en un espectáculo mediático de proporciones circenses, donde el fondo se diluye entre el ruido, el oportunismo político y la doble moral colectiva.
Recordemos el contexto: capturas en vía pública, despliegue de la Fiscalía desde Bogotá, cámaras en cada esquina, periodistas aduladores del gobierno local en una esquina y los de la oposición en la otra, todos como hienas sobre la carroña. Y en medio de ellos, la ciudadanía y sus colectivos, que parecía rasgarse las vestiduras como si estuviera ante una tragedia griega, indignada con la corrupción, con la Fiscalía, con el sistema, con el perro, el gato, con todo.
Pero llegó el vencimiento de términos. Y con él, una realidad judicial; la Fiscalía no hizo la tarea; la hizo mal hecha; no había tarea para hacer. No actuó con celeridad, no presentó pruebas suficientes o no lo hizo en el tiempo que la ley exige, desconozco los motivos. ¿Resultado? Un juez, en uso legítimo de su deber, deja en libertad a los señalados. Porque así funciona un Estado de Derecho, aunque duela. Porque sin pruebas, no hay prisión, sin debido proceso, no hay proceso. Y eso, por si aún no lo han entendido, no es impunidad. Es incompetencia institucional, en un Estado garantista de derechos.
Ahora bien, no soy juez. No soy fiscal. No tengo la potestad ni el expediente. Pero sí soy ciudadano. Y como tal, lo que me resulta realmente alarmante es la hipocresía colectiva. Esos colectivos cívicos que se rasgan las vestiduras desde el sofá, que emiten comunicados indignados y escriben columnas inflamadas, pero no mueven un solo dedo para constituirse como víctimas, para exigir como veedurías, para tomar la acción que la Constitución aún -mientras este sátrapa que gobierna Colombia no la destruya- les permite.
¿Dónde están las querellas? ¿Dónde las solicitudes formales de información? ¿Dónde los derechos de petición? ¿Dónde los mecanismos de participación ciudadana? ¿Dónde están los informes de vigilancia? ¿Dónde las alertas tempranas? ¿Dónde las acciones populares? ¿Cuándo se constituyeron como victimas en el proceso?
No están, no hay nada. Lo que sí hay, y en abundancia, es retórica fútil, indignación digital, moralismo express. Mucha narrativa escatológica y cero acciones estructurales.
Porque vamos a decirlo sin rodeos: la ciudadanía en Pereira tiene más energía para hablar que para hacer. Se indignan, sí, pero no actúan. Y al final del día, los únicos que ganan son los que siguen usando esta obra inconclusa como trampolín político, como chivo expiatorio, como escenario para sus videos propagandísticos.
Entonces, señores ciudadanos y de los colectivos, si de verdad están tan ofendidos, si de verdad les preocupa la justicia, si de verdad quieren que esa vía se termine, hagan algo. Exíjanle a la actual administración actual y por las vías que corresponde que cumpla. Háganle control político real, jurídico, técnico al asunto. Presionen con herramientas, no con memes.
Porque el problema no es lo que pase en un juzgado. El problema es que la obra no se termina. Que la ciudad sigue a medio hacer por doquier. Que el show mediático ha reemplazado la acción pública. Y que, mientras tanto, seguimos siendo el público pasivo de una tragicomedia que se repite elección tras elección y con los mismos actores.
Pilas pues
