A finales de 2019 a Instancias de Adriana Vallejo en la Universidad Libre sede Belmonte, preocupados por la calamitosa situación financiera del Hospital San Jorge, fui testigo de excepción de una reunión del entonces recién elegido gobernador Víctor Manuel Tamayo y el médico Javier Darío Marulanda con la junta en pleno de la organización Vigía Cívica de Risaralda.
Uno a uno, el director ejecutivo James Fonseca Morales, leyó los contratos otorgados a dedo e irregularmente, mediante los cuales la corrupción politiquera saqueó las finanzas del Hospital dejándolas en la ruina financiera y moral, pese a las denuncias que Vigía Cívica hizo durante ese cuatrienio que agonizaba.
El pasado 22 de junio, el odontólogo y especialista en alta gerencia en instituciones de salud, Javier Alejandro Gaviria Murillo, rindió cuentas a la comunidad pereirana y al personal del San Jorge reportando la recuperación financiera y el mejoramiento del servicio que el gobernador Tamayo había prometido a Vigía Cívica.
Hoy el Hospital tiene más facturación y más producción; eficiencia del recaudo y recuperación de cartera; moderación del gasto y freno a la burocracia, y en cifras concretas, al pasar de $53 mil millones de déficit en diciembre de 2022 a $23 mil millones a mayo de 2023. Es un indicador contundente de la estupenda gestión que se está ejecutando.
Aún quedan algunas EPS que adeudan gruesas sumas al hospital, pero con todo, la ciudad y la región debe reconocer la indiscutida importancia de esta recuperación que despeja la tenebrosa posibilidad de una privatización del San Jorge orquestada desde el marchitamiento financiero de la institución.
No es chisme la estrategia de privatización con el cuento de que todo lo público es podrido. Hubo propuestas de “inversionistas”, tal como en su momento lo reveló el gobernador Tamayo quien dijo: “el Hospital no se vende porque es un patrimonio atado al espíritu cívico y al alma de los pereiranos durante más de cien años”.
Vigía Cívica asumió como doliente de lo público y previo a la posesión de Tamayo y su secretario de Salud, médico Javier Marulanda, sus miembros se quisieron asegurar de que el gobernador le debía poner freno de mano a la desenfrenada corrupción politiquera imperante.
Presencié el informe de Gaviria Murillo, cuyos tres ejes estratégicos en forma sencilla y práctica muestran las cifras y resultados del ejercicio en Atención con calidad; Fortalecimiento del desarrollo institucional; y Recuperación y sostenibilidad financiera, este último, soporte de los dos anteriores, porque sin recursos financieros no hay proyecto que sobreviva.
Hay lecciones por aprender en la defensa pública de instituciones como el Hospital Universitario San Jorge que siempre ha sido coto de caza de las corruptelas público-privadas.Corresponde al próximo gobernador de Risaralda mantener este ritmo de recuperación y sostenibilidad financiera y administrativa. Y en adelante, a la institucionalidad cívica y gremial, mucho más sentido de pertenencia sobre nuestro Hospital Universitario.
