Ese 6 de noviembre de 1.985, tomé el vuelo a Bogotá, tenía cita en el Banco Cafetero ubicado en la Avenida Jiménez, lo encontré cerrado dada la toma del Palacio de Justicia, de mi parte, cuando empezaron a sonar los disparos, a poca distancia de donde me encontraba, corrí por la carrera 7 alejándome del combate, ingenuamente cubriéndome la cabeza con el maletín lleno de papeles que portaba.
A la siguiente semana, el día 13, tomé el vuelo de Bogotá a Pereira, el capitán Sánchez, piloto de AVIANCA quien había estudiado conmigo en el colegio, me invitó a la cabina, vimos el incandescente cráter del Ruiz; cuando llegué a mi casa escuché el cierre del noticiero y al presentador diciendo, parece que el Ruiz está haciendo erupción, me asomé por la ventana de mi habitación para mirar hacia la cordillera pero no vi nada anormal, aunque recordé, que meses antes, como alcalde de Pereira, acompañé a una delegación de Manizales a una reunión con el ministro Alvaro Leyva, en la cual le informaron que la situación del Ruiz era preocupante.
El 14 de noviembre un día después del desastre recibimos la visita del presidente Belisario Betancur, en reunión en la sala de juntas de la seccional de la ANDI en Pereira, habló de su interés por lo que calificó como el Gran Caldas, recuerdo haberle dicho que mucho nos había costado lograr nuestra autonomía y que entonces le propuse que nos reconociera mejor como el Eje Cafetero, nombre que se incorporó a la legislación y el léxico, en el ente llamado el FOREC, con el cual se identificó el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero y a la llamada ley de Ruiz, con la cual se otorgaron facilidades y subsidios para reconstruir el aparato productivo y sobre todo para estimular el establecimiento de nuevas industrias en la zona del desastre, ley en la cual participé y logré se incluyera también a Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas.
Mucho se ha alabado al FOREC, como el instrumento adecuado para atender la tragedia del terremoto, dado que permitió invertir aceleradamente los recursos disponibles para reconstruir las ciudades afectadas y la atención de los damnificados con la participación en el mismo de personas idóneas, haciendo a un lado a las autoridades elegidas,.
También están circulando las críticas al sistema, la sustitución de las autoridades establecidas, la participación insuficiente de los damnificados, problemas de control y rendición de cuentas, la demolición de lo que no era necesario, la calidad desigual de instituciones a cargo, algunas especializadas solo en la construcción de casas, las consecuencias urbanísticas, en síntesis, dice el Banco Mundial que si bien tuvo muchos aciertos no se puede copiar, dado que lo que se necesita es un sistema integral de atención de desastres.
La pregunta y el debate que se abre es si la rapidez justifica la sustitución de la institucionalidad pública, cuando quienes esto argumentan dicen que los desastres no deberían servir para reemplazar al estado sino por el contrario aprender de él y fortalecerlo.
Los otros temas a revisar son el control de la responsabilidad en el manejo del dinero público, la tesis de que los damnificados no pueden ser solo beneficiarios de decisiones tomadas por organizaciones privadas, ni éxito en contar cuantas casas se construyeron, y finalmente el hecho de que, al desaparecer el mecanismo, no deja fortalecidas las entidades públicas.
Si se están haciendo cosas, muchas están funcionando bien, hay dedicación y esfuerzo que aplaudir y ejemplos de solidaridad y trabajo admirables, pero, a mi juicio todavía no tenemos claro: como, quien y que hay que hacer en el futuro próximo.
Juan Guillermo Ángel Mejía es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Exalcalde de Pereira y exsenador y expresidente del Congreso de la República. Fue embajador en Guatemala. Es un pereirano de todas las horas y columnista de GQ Tu Canal
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