Hay crisis que admiten debates. Esta no.
Al Hospital Universitario San Jorge, HUSJ, lo aqueja una situación financiera que amenaza su capacidad para seguir atendiendo a miles de pacientes del Eje Cafetero y del occidente colombiano. Si el Gobierno Nacional no actúa con rapidez y las fuerzas vivas de Risaralda no elevan su voz, unificada, para exigir soluciones, podríamos asistir al debilitamiento catastrófico de una institución que hoy resulta irremplazable.
No hablamos desde el alarmismo. Desde la Corporación VIGÍA Cívica, hace ocho años, en una coyuntura semejante, advertimos que el Hospital caminaba hacia una crisis de liquidez provocada por el creciente incumplimiento de las EPS. En 2018 señalábamos que mientras sus gastos mensuales ascendían a cerca de $8.500 millones, apenas recaudaba $4.200 millones y el déficit de caja aumentaba más de $4.000 millones cada mes. Un año después expresamos nuestro escepticismo frente a nuevos acuerdos de pago con las EPS que, como los anteriores, corrían el riesgo de convertirse en simples promesas.
Hoy, en una coyuntura semejante debemos, nuevamente, advertir sobre el riesgo que enfrenta el San Jorge. El pasado 26 de junio emitió un comunicado informando que, ante el reiterado incumplimiento de los pagos por parte de varias EPS intervenidas por el Estado, se veía obligado a restringir la prestación de servicios para los afiliados de Nueva EPS, Coosalud, Asmet Salud y Pijao Salud.
La explicación financiera resulta tan sencilla como dramática. El Hospital necesita recaudar cerca de $19.000 millones mensuales para sostener su funcionamiento y, en los últimos meses apenas ha recibido, en promedio, $10.000 millones. Ninguna institución puede sobrevivir indefinidamente cuando ingresa apenas la mitad de los recursos que necesita para operar.
Las consecuencias ya empiezan a sentirse. Se dificulta el pago oportuno del talento humano, se afectan las obligaciones con proveedores de medicamentos e insumos, aumenta la presión sobre los servicios asistenciales y se deteriora la capacidad para responder con oportunidad a quienes llegan buscando atención.
Es una crisis con nombres propios. Más del 60 % de la cartera del Hospital —unos $123.000 millones— corresponde, precisamente, a EPS intervenidas por el Estado. La Nueva EPS adeuda más de $52.000 millones; Coosalud, cerca de $28.000 millones; Asmet Salud, casi $16.000 millones, y Pijao Salud, más de $36.000 millones.
La paradoja resulta imposible de ignorar. Las entidades que fueron intervenidas para corregir problemas de administración son hoy las que más comprometen la estabilidad financiera de uno de los hospitales públicos más importantes del país. Mientras tanto, el HUSJ continúa prestando los servicios y esperando unos pagos que, en muchos casos, superan los siete meses de mora.
Pero la crisis no está únicamente en el balance contable. Estamos hablando de salud y vidas humanas.
Según el más reciente escalafón elaborado por la revista Newsweek y la firma internacional Statista, el Hospital Universitario San Jorge es el tercer hospital público más importante de Colombia y el primero del Eje Cafetero. Sólo el año pasado atendió cerca de 168.000 pacientes, realizó casi 30.000 cirugías, unas 2.500 mensuales y mantuvo una ocupación hospitalaria cercana al ciento por ciento.
Su zona de influencia supera ampliamente las fronteras de Risaralda. Habitualmente recibe pacientes del Chocó, de Caldas, de Quindío, de varios municipios del Valle del Cauca y de toda nuestra región. Para miles de familias representa la diferencia entre recibir cerca atención especializada de tercer nivel, o recorrer cientos de kilómetros adicionales en busca de una cama disponible.
Pero existe otra poderosa razón para defenderlo. El San Jorge no nació como una obra del Estado. Hace más de ciento veinte años fue levantado por la comunidad de Pereira que entendió que cuidar la salud era una responsabilidad colectiva. Los ciudadanos organizaron actividades públicas, hicieron donaciones y aportaron recursos, para construir el hospital que necesitaba la pequeña población de entonces. Ese espíritu convirtió al San Jorge en el primer gran patrimonio del espíritu cívico de Pereira.
Sería una enorme contradicción histórica que una institución construida gracias a la solidaridad de toda una comunidad terminara hoy asfixiada por el incumplimiento de unas entidades que se encuentran bajo intervención del propio Estado.
Por eso este no puede ser un problema exclusivo de la gerencia del Hospital ni del sector salud, debe convertirse en una causa común de Risaralda.
Es la hora de que los congresistas del departamento, el Gobernador, los alcaldes, los gremios empresariales, las universidades, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y toda la ciudadanía exijan al Gobierno Nacional el pago inmediato de los servicios que el Hospital ya prestó.
No estamos pidiendo subsidios ni rescates financieros. Estamos exigiendo que se pague una deuda legítima por servicios efectivamente prestados a miles de colombianos.
Cada día de retraso significa menos capacidad para atender pacientes, adquirir medicamentos, sostener servicios especializados y responder a las emergencias que llegan sin previo aviso.
Salvar el Hospital Universitario San Jorge no es una consigna sentimental. Es una necesidad sanitaria, un deber ético, una obligación histórica con los anteriores habitantes de Pereira y una responsabilidad política.
El San Jorge está en la UCI financiera. Todavía hay tiempo para salvarlo, pero el tiempo se está agotando.
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