Nora Rey de Marulanda, alta funcionaria del BID, le contó, al entonces rector de la UTP, Luis Enrique Arango, la manera como en el municipio brasileño de Curitiba, conocedores de que, aunque se condenara al corrupto, el dinero robado no se recuperaba, diseñaron una entidad que prevenía, que advertía, cuando el tesoro público estaba en peligro.
Invitamos al administrador del ente en el Brasil quien nos visitó en Pereira y convocamos a una docena de pereiranos, en la terraza del periódico La Tarde, para replicar la alternativa para proteger los dineros ajenos.
Estudiando: las convocatorias, las compras, los contratos, las licitaciones para comparar los precios y procedimientos con los corrientes en el mercado; si se encontraban indicios como: precios inflados o pliegos sastre, o gastos inútiles o cualquier despilfarro, se producía una advertencia a los actores involucrados, fueren funcionario o entidad, dado que en todas las trampas participan, de un lado los servidores públicos y del otro los empresarios.
Lamentablemente, ante las primeras advertencias se retiraron, la Cámara de Comercio, y un par de las empresas aportantes, lo que debilitó la capacidad de operación del ente, el cual sobrevivió, años después, gracias a la vinculación y compromiso de entidades y personas como la UTP con su rector Luis Gaviria y de las Universidades Católica, Libre, Del Área Andina, EAFIT, de estudiantes y profesionales voluntarios, de empresas y personas aportantes y del apostolado de James Fonseca.
Está sobre la mesa el debate sobre las APP que administran lo público, concesiones que sus poderosos dueños quieren prorrogar, y que: veedurías, congresistas, concejales, diputados y usuarios que se sienten sobre explotados sostienen que las prórrogas de las concesiones están prohibidas, que las concesiones se han explotado más allá de las utilidades razonables, que los contratos se han modificado una y otra vez para reducir las obligaciones, que las inversiones se tienen que hacer, en su mayor parte, allí donde se generan los recursos, que esos monopolios no admiten control alguno sobre el origen y destinación de los dineros, que es necesario recaudar no más de lo necesario para sostener e invertir.
Que toda obra pública tiene inherente corrupción e ineficiencia y que las APP, todas ellas, y sin fórmula de juicio, siempre son exitosas, cumplen con lo ofrecido de manera eficiente y sus utilidades y manejo son las justas y como conclusión son la única alternativa para evitar que los proyectos y las obras no se ejecuten, o que los dineros migrarán sin rumbo conocido, es un discurso que genera una tergiversación a los reclamos, cuando no se está discutiendo si los peajes se manejan mejor por el sector público o por el privado, o si se hacen por asociaciones o por cualquier otro mecanismo, cuando las generalizaciones son argumentos facilistas para evitar el análisis serio de cada caso.
Se redactó una sibilina nota, justificada verbalmente, con el mencionado argumento de evitar que el gobierno, nacional o regional, sea quien recaude y gaste, así lograron la firma de: gobernantes, legisladores y empresarios, muchos de ellos, consideramos nosotros, de manera desprevenida y con mejor buena fe, se sumaron a lo contrario de lo que lo que era el civismo pereirano, cuando empresarios y obreros, campesinos y comerciantes, hombres y mujeres, mayores y muchachos se juntaban para hacer, y no como hoy, cuando los combos de poderosos, se une para definir quien recibe los contratos.
Medellín, Barranquilla, Manizales, nuestras universidades, Pereira y Risaralda, en casos como: la ampliación de la pista del aeropuerto, el cable aéreo, el viaducto César Gaviria, los estadios y vías para los juegos atléticos, los campus universitarios, entre tantas obras, muestran que, cuando se trabaja con honestidad y trasparencia, cuando el manejo de lo público cae en buenas manos, cuando se abren las puertas y las ventanas, el dinero alcanza, los plazos se cumplen y las necesidades se satisfacen; del otro lado, la dupla Hoyos Restrepo de Frisby, Marcial Navarro de Magnetrón, mis tocayos los Franco de Apostar, los Ossa y la empresa Gerenciar, Alfonso Castillo de Gino Passcalli, Roberto Gálvez de Busscar, los Santacoloma, los Castrillón y la gran mayoría de los ingenieros Risaraldenses, ellos como tantos otros muestran que tanto en un lado como en el otro, las APP no son la única alternativa para hacer las cosas bien y que la sana competencia es enemiga de los monopolios abusivos y acaparadores.
De mi parte muchos me dicen que trague entero, que deje pasar y viva mejor, cosa que cierta sería si, de otro lado, nuestros ancestros, quienes construyeron esta querencia, no merecieran que demos la lucha, así nos deje cicatrices y además prefiero filar con quienes no se sirven de lo público, así que por lo dicho presento mi inútil renuncia a Vigía Cívica, de la cual fui, con otros, fundador, y de esta manera mostrar dolor por lo que en Pereira está ocurriendo.
…….
Juan Guillermo Ángel Mejía es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Exalcalde de Pereira y exsenador de la República. Es un pereirano de todas las horas y columnista de GQ Tu Canal
GQ Tu Canal es un medio periodístico independiente y democrático que rinde tributo al derecho constitucional de libertad de expresión.
Las opiniones de nuestros columnistas son respetadas, y de su exclusiva responsabilidad
