Como en la comedia de lo absurdo, los hechos fácticos irracionales y carentes de lógica pasan ante nuestras desentendidas miradas las imágenes de los Planes de Ordenamiento Territoriales (POT) de Pereira y Dosquebradas, que dejan muy mal parados a los Concejos Municipales de ambas ciudades como responsables de los usos del suelo en el territorio.
Con sus 83 años a cuestas, al arquitecto pereirano Francisco Londoño Marulanda le sobran energías para pedir que “paren ese despelote de los planes parciales”. Y recuerda al ingeniero Juan Manuel Buitrago quien sentenció que, “Pereira no va para ninguna parte porque va para donde digan los especuladores de tierra”. De paso, reclama un POT responsable con el desarrollo urbano, ambiental, económico y social.
De allí el impacto del reciente pronunciamiento del gerente de Camacol Risaralda, Víctor Baza Tafur, experto en Derecho Urbano, al señalar que los POT de Pereira y Dosquebradas deben ser objeto de revisión y ajuste porque en el caso de Pereira, tiene normativa restrictiva y desarticulada con reglas excesivas, poco claras y desconectadas del plan estratégico. Además, acusa la existencia de múltiples comités y trámites paquidérmicos que generan sobrecostos y fomentan la informalidad.
Esta columna no alcanza para subrayar los alcances de la inseguridad jurídica en trámites de licencias, usos de suelo y cargas urbanísticas que encarecen los proyectos. Las propuestas de Camacol están en documentos a ser entregados a ambos alcaldes y Concejos.
Paso al despelote de Dosquebradas donde la comedia es igual de absurda y patética luego de 23 años sin POT facilitando todo tipo de desórdenes y volteo de tierras. Allí todo terminó en el Concejo de finales de 2023, en un mar de equivocaciones.
Según Camacol el de Dosquebradas es un POT incoherente y cuyas inconsistencias frenan la inversión, dificultan el licenciamiento, generando inseguridad jurídica y alejado de las concertaciones con Carder. La clasificación del suelo no está ajustada a la realidad de los servicios públicos y capacidad edificadora propiciando dudas en los procesos de construcción.
Pide su revisión porque mezcla zonas protegidas y de desarrollo sin distinción clara aumentando el riesgo de afectación ambiental y de conflictos legales. Procesos de licenciamiento dilatados e imprecisos, carentes de plazos definidos y sin reglas transparentes en el reparto de costos de infraestructura.
Los Concejos de Pereira y Dosquebradas no pueden ser inferiores a sus responsabilidades sobre el uso del suelo y están en mora de ir a la mesa con Camacol. Ambas ciudades exigen más seriedad, más visión futurista, más ordenamiento territorial y menos comedia.
