Desde que se inició el debate sobre la prórroga de la concesión vial Autopistas del Café, ahora disfrazada bajo el flamante rótulo de IP CONEXIÓN CENTRO, Lina Arango, de manera solitaria, nos llamó la atención: los actores nos deberíamos concentrar en un solo tema: LOS PEAJES.
Mientras otros actores nos enfocábamos en diferentes aspectos del debate (las obras, el operador, el modelo, la tasa interna de retorno del proyecto, etc.), Lina insistía tercamente en que el meollo del asunto eran los peajes.
A Lina su posición valiente y erguida le ha costado sangre. La han tildado de loca, de anarquista, de ignorante, de aguafiestas, de falta de patriotismo. Los interesados, los cívicos de mercado que nos gobiernan, le han exigido que no se meta en lo que no conoce. Que no se atreva a subirse a ese pedestal de ilustrados donde solo caben ellos, los dirigentes gremiales de doble moral, encargados de hacerle lobby al proyecto.
Finalmente, el debate se está decantando por donde toca: el tema de los peajes es prioritario y ha quedado como tema de primera línea en lo que atañe a la prórroga del contrato de Autopistas del Café. Hay que decirlo duro y claro: la prórroga de Autopistas del Café, con los mismos actores, por otros 30 años, con los mismos peajes, sería un desastre económico y social para los departamentos del eje cafetero y para sus comunidades.
Lina nos ha dicho con toda claridad que no es enemiga de los peajes. Pero Lina nos recuerda que:
1.- Los peajes son pactados y fijados, de manera antidemocrática, entre un operador privado y unos funcionarios oscuros, en recinto cerrado, sin debate público. El precio de los peajes y su ubicación se define a conveniencia del operador privado, para garantizarle un fácil cobro y una rentabilidad que en la mayoría de los casos resulta excesiva. Un negocio de tigre con “burro amarrado”. Ni las comunidades ni las fuerzas vivas regionales son invitadas a participar en esas conversaciones; las audiencias públicas de bolsillo resultan ser una pantomima para soslayar requisitos legales.
2.- El precio de los peajes no tiene en cuenta el costo-beneficio de la utilización de las vías por parte de los usuarios. En los proyectos de concesiones viales los estudios de impacto social (“la evaluación social del proyecto”) es inexistente. Por definición, la propuesta que da origen a la concesión es privada y solo tiene en cuenta la rentabilidad privada del operador. Así las cosas, los peajes se fijan a conveniencia del negocio privado. Las comunidades y los usuarios no aparecen en la ecuación.
3.- El recaudo de los peajes en Colombia es un proceso opaco y, posiblemente, plagado de corrupción. Las autoridades y los organismos de control encargados de vigilar estos recursos desconocen la realidad de lo que se recauda.
En el Departamento de Caldas han adoptado una posición firme y erguida en contra de los peajes que tienen secuestrado ese Departamento. No se van a rendir sin dar la pelea.
En el Departamento de Risaralda el debate está totalmente contaminado por intereses personales innobles. Los gobernantes, la clase dirigente y los líderes gremiales evaden el tema y miran para otro lado. El lobby se siente…
En fin, el debate se decantó por donde tocaba, y apenas empieza. Debemos agradecer a Lina Arango por su terquedad visionaria.
