La falta de pronta y cumplida justicia es el problema trasversal a toda la crisis que desde siempre vive el país, pero cada día más agudizada.
La doctrina y la jurisprudencia enseñan que la administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Pero ni lo uno ni lo otro. Un proceso por elemental que sea dura una eternidad si antes no se aplican la prescripción y otros argumentos y argucias que dan al traste con el propósito jurisprudencial según el cual los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales.
No basta que la norma advierta que “Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
Todo esto conduce a que la gente termine por perder confianza y credibilidad en la justicia. La impunidad carga el lastre de un 94% de impunidad.
Todos conocemos casos de personas víctimas que terminan guardando silencio sepulcral para no tener que soportar el viacrucis que va desde la denuncia hasta el calvario del proceso, especialmente en materia penal, incluyendo las pequeñas causas.
Conocí un estudiante de derecho que tenía enorme talento para ser un estupendo abogado en derecho penal. Y le gustaba.
Pero un día me dijo que había decidido inclinarse por el derecho administrativo porque en materia penal los problemas hoy se cobran con sangre, mientras los delitos contra el Estado en los municipios, departamentos y la nación, son papita para el loro.
-Lo público no le importa casi a nadie- dijo. Y me puso el ejemplo vergonzoso de la SAE, organismo estatal que “administra” los bienes incautados a las mafias de los cuales hoy hay más de tres mil predios perdidos.
Ahora se ha conocido que en los delitos cibernéticos de falsedad personal que están a la orden del día con personas suplantadas por robos hormiga en los bancos, la adorada Asobancaria ha impetrado ante la Corte Constitucional una acción legal buscando que la obligación sea del cliente cuando se trate de responder e incluso la investigación de lo hurtado en las transacciones virtuales con el número de la cédula, la tarjeta de crédito o débito. ¡Santo cielo! Estamos en manos de la Corte.
Sin que se desconozca que hay solitarios jueces y funcionarios de la rama judicial y en los órganos de control que hacen lo que pueden, en la mayoría de los casos abrumados por toneladas de expedientes, no hay frente en la administración de justicia que no muestre fisuras, negligencias, corrupción, desgreño y en el peor de los casos, funcionarios soportando fuego amigo dentro de la misma rama.
Todo esto y mucho más de lo que sucede en el ámbito de la ilegalidad, la corrupción y también la desesperanza de los ciudadanos, para señalar que es rescatable el propósito de los órganos de control de Risaralda constituidos en la Comisión de Moralización para darle la cara a la ciudadanía.
El pasado jueves en el auditorio Gonzalo Vallejo Restrepo de la Gobernación de Risaralda se cumplió la audiencia pública convocada por la Comisión integrada por las Contralorías General de la República, la Departamental, las municipales de Pereira y Dosquebradas, la Fiscalía Seccional, la Procuraduría y la rama judicial de Risaralda.
Es un ejercicio y una iniciativa loable que esperamos que coadyuve a rescatar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. Habrá que hacerle seguimiento a esa gestión.
