Sería un error fatal para el desarrollo social e institucional de la ciudad y la región hacer de Comfamiliar Risaralda un coto de caza de instituciones con codicia de poder, dirigentes con intereses políticos o de apetitos de expansión empresarial e incluso de aspiraciones personalistas.
Al ser restituidos por decisión judicial concluyente, se espera de cada uno de los diez miembros del Consejo Directivo de Comfamiliar, son actuaciones con espíritu de ponderación y grandeza.
Es un momento de verdad lo que está en juego en esa institución tan querida por los risaraldenses. Se impone la conservación, fortalecimiento y crecimiento del patrimonio de Comfamiliar como el más valioso activo social de las familias de los trabajadores y de los empresarios aportantes.
El del Sena y el de Comfamiliar, son los aportes parafiscales que con mayor gusto y generosidad pagan los empleadores.
Es probable que en el curso de los sucesos que se desprendieron desde la polémica sesión del 29 de noviembre de 2022 y la consecuente intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar, se hayan cometido errores y avivado ambiciones, siempre tan criticables y a la vez tan humanas.
Negarlo es necio porque son conocidos los embates que, con apetencias de poder, algunos dirigentes gremiales y políticos en distintos momentos en años recientes, intentaron en vano hacerse al control de una entidad que está en el top cinco de las mayores y mejores empresas de Risaralda.
El solo sueldo de $50 millones mensuales del director es un imán de atracción irresistible. Y lo mismo se predica de los privilegios de los miembros del Consejo Directivo que antes de la reciente reforma estatutaria ganaban tres salarios mínimos por cada sesión y llegaban a sesionar hasta tres veces al mes, generalmente en sesiones de media mañana.
En la reforma se aprobó la reducción de honorarios a dos salarios mínimos y al menos una sesión cada veinte días. Aún así, es un honor ser miembro del Consejo Directivo de Comfamiliar, pues el impacto social de la entidad recae sobre más de 350 mil familias en todo el Departamento, que además del subsidio familiar, reparte beneficios educativos, recreativos, de capacitación laboral, créditos y otros que sería prolijo reseñar aquí.
De lo que se trata después del fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, es de salvar la institucionalidad de Comfamiliar en términos de la confianza, credibilidad y estabilidad de la operación y de los servicios.
No se puede negar que hay una gran expectativa en la ciudadanía risaraldense por la suerte de Comfamiliar que ahora, tal vez como nunca antes, está en manos de los diez miembros del Consejo Directivo hasta el año 2026.
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