COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
(Luis Fernando Acosta Sanz)
En mi calidad de exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda (mayo 2022 – mayo 2025), me permito hacer las siguientes precisiones frente a acciones desinformadas y malintencionadas:
1. Gestión transparente y vigilada:
Durante mi gestión, todas las decisiones fueron adoptadas bajo la estricta supervisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar y de la Contraloría General de la República. En ninguna de las resoluciones posteriores a las visitas de control se señaló que hubiesen existido actos de corrupción.
2. En 3 años de Dirección se alcanzaron diferentes logros institucionales, dentro de los cuales destaco:
• Crecimiento cercano al 50% en afiliados y en recaudos de aportes.
• Más de 100% de crecimiento en crédito social, tanto en colocaciones como en dividendos, impactando positivamente a miles de afiliados.
• Sostenibilidad de la operación en salud pese a las dificultades del sistema.
• Acreditación en Alta Calidad en Salud, única en Risaralda y única en el sistema de Cajas de Compensación.
• Transformación organizacional orientada a la mejora del clima laboral y la felicidad de los colaboradores.
• Consolidación de la agenda cultural de Comfamiliar como la principal agenda del Departamento de Risaralda.
3. Sobre los señalamientos recientes:
El medio digital EL EXPRESO ha difundido información falsa y malintencionada, desconociendo los hechos y las normas, siendo la realidad de los hechos así:
• Contrato de enero de 2023: por cerca de $64.000 millones, suscrito con una asociación de profesionales de la salud sin ánimo de lucro, fue aprobado por el Agente Especial de Intervención de la Superintendencia de Subsidio, quien oficiaba como Consejo Directivo, según consta en la Resolución AEI No. 015 del 22 de diciembre de 2022.
•Contrato de enero de 2025: por cerca de $40.500 millones, con la misma Asociación de profesionales de la salud sin ánimo de lucro, se celebró con base en la exclusión histórica del suministro de talento humano en el Manual de Contratación, vigente desde 2013 y confirmado en 10 versiones, la última mediante la Resolución AEI No. 006 del 30 de enero de 2023. Esta exclusión históricamente ha permitido a la administración contratar con agilidad el recurso humano para garantizar la atención en salud.
4. Legalidad del procedimiento:
Durante más de una década, este procedimiento nunca fue objetado por la Superintendencia, ni por la Contraloría. Solo en abril de 2025, en una visita ordinaria, un delegado de la Superintendencia consignó observaciones que hoy se encuentran en análisis interno, con argumentos legales suficientes por parte de la Caja.
Llama la atención y genera suspicacia que este punto haya sido incluido en la Resolución de la Superintendencia del 4 de septiembre de 2025, mediante la cual se removió al Consejo Directivo, cuando la Caja ya había entregado oportunamente toda la información soporte que aquí se reseña y que sustenta la legalidad del procedimiento.
5. Acciones legales en curso:
• La Caja de Compensación Familiar de Risaralda interpuso denuncia penal por injuria y calumnia contra el representante de EL EXPRESO por sus publicaciones recientes sobre este tema y otros.
• En 2023, ya había sido necesaria una acción penal contra el mismo medio, que concluyó con la obligación judicial de eliminar las publicaciones difamatorias en mi contra.
6.Llamado a la sociedad:
Rechazo categóricamente este tipo de ataques mediáticos cuyo único fin es destruir la honra y el buen nombre de las personas. Invito a la comunidad a reflexionar sobre la necesidad de poner límites y controles a estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y el ejercicio transparente de las funciones profesionales.
Luis Fernando Acosta Sanz
Exdirector
Caja de Compensación Familiar de Risaralda